Un tribunal del Distrito Nacional impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra el exdiplomático Diony Santana, en un proceso que ha generado conmoción pública por la gravedad de los hechos investigados. La decisión fue adoptada por el juez José Alejandro Vargas, mientras el imputado sostiene su inocencia a la espera del desarrollo del proceso judicial. Las autoridades han manejado el caso con reserva debido a la participación de una menor de edad, cuya identidad y dignidad deben ser protegidas conforme a la ley.
El Ministerio Público, representado por la fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso, destacó la complejidad del expediente y la existencia de pruebas que sustentan la acusación. Inicialmente, se evaluó la posible implicación de la madre de la menor; sin embargo, se confirmó que esta había presentado una denuncia previa y decidió colaborar con las investigaciones, por lo que no será sometida. El caso también evidenció el rol de centros educativos que detectaron señales de alerta en la conducta de la adolescente y activaron los protocolos correspondientes.
Especialistas señalan que este tipo de situaciones, especialmente cuando ocurren en el entorno familiar, suelen enfrentar barreras sociales que dificultan su denuncia. La protección de los menores y la actuación oportuna de instituciones educativas y autoridades resultan determinantes para evitar la impunidad. Mientras tanto, el imputado fue trasladado a un centro penitenciario en San Pedro de Macorís, donde cumplirá la medida impuesta mientras avanzan las investigaciones.
