Una investigación periodística reciente reveló irregularidades en la gestión de 56 hospitales transferidos del Ministerio de Salud a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). Según denuncias, los presupuestos iniciales de estas obras fueron incrementados de forma considerable tras el cambio administrativo, superando ampliamente las cifras originales. Además, se señala que los contratistas seleccionados mediante concursos públicos fueron obligados a incorporar socios adicionales designados de manera discrecional, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. El director de la OISOE, Francisco Pagán, ha sido señalado como figura central en estas decisiones.
Uno de los casos más emblemáticos es el hospital Moscoso Puello, cuya inauguración fue anunciada pese a no estar completamente terminado. Reportes indican que aún faltan áreas esenciales para su funcionamiento óptimo, lo que pone en riesgo la calidad del servicio médico. Situaciones similares se han observado en otros centros, como el hospital Marcelino Vélez, inaugurado previamente pero que aún no opera en su totalidad debido a carencias estructurales. Expertos del sector salud han criticado la práctica de inaugurar infraestructuras inconclusas por razones mediáticas, en lugar de priorizar condiciones adecuadas para pacientes y personal médico.
Asimismo, se ha cuestionado la decisión de intervenir múltiples hospitales de forma simultánea mientras continúan atendiendo pacientes. Profesionales de la salud han denunciado condiciones inadecuadas durante las remodelaciones, incluyendo polvo, ruido y falta de higiene. Estas acciones, según declaraciones del propio Pagán, se llevaron a cabo incluso en desacuerdo con recomendaciones del Poder Ejecutivo. La situación ha reavivado el debate sobre la planificación, supervisión y ejecución de obras públicas en el sector salud, así como la necesidad de garantizar transparencia y eficiencia en la inversión estatal.
