Una tragedia estremeció a San Francisco de Macorís luego de que dos niños fueran asesinados presuntamente por su padre, Andy, tras múltiples denuncias no atendidas por las autoridades. La madre de los menores había acudido a la Procuraduría Fiscal para denunciar amenazas y violencia de género, mostrando mensajes intimidatorios que Andy le enviaba a través de redes sociales. Sin embargo, según testimonios de familiares, la fiscalía desestimó la querella por “falta de pruebas” y solo ofreció una cita formal en lugar de medidas de protección.
El tío de los niños relató que la joven madre ya había alertado que su expareja planeaba atacar si ella o algún familiar intentaba recuperar a los niños. A pesar del contenido explícito de los mensajes, las autoridades consideraron que no eran suficientes para emitir una orden de arresto. Horas después de esa cita fallida, se confirmó el asesinato de los menores, lo que ha desatado indignación en la comunidad y cuestionamientos severos al sistema judicial.
Familiares, vecinos y ciudadanos se han pronunciado pidiendo justicia y señalando que el crimen pudo haberse evitado si se hubieran tomado acciones oportunas. “La justicia no actuó”, lamentó la madre, mientras que otros parientes insisten en que la fiscalía falló en proteger a las víctimas. El caso ha reavivado el debate sobre el trato que reciben las denuncias por violencia de género en el país, especialmente cuando hay menores de por medio.
