En 2012 murieron en Francia el empresario francés Pierre Rigaud y la dominicana Wendy Figueroa, dejando huérfano a un niño de siete años, hoy heredero de una fortuna valorada en más de 29 millones de euros y 7 millones de dólares repartidos entre Francia, San Martín y República Dominicana. Desde entonces, la batalla por su custodia y el manejo de su herencia se ha convertido en un conflicto judicial, familiar y político. La abuela materna, Ismaulis Reyes, denuncia que un grupo de abogados en La Romana intenta despojarla del menor y controlar los bienes que le corresponden.
El proceso ha sido marcado por la intervención de figuras como el diputado Teodoro Reyes, quien inicialmente fue abogado de la abuela pero luego representó al niño. También participan otros abogados ligados a la familia Figueroa y a partidos políticos, todos enfrentados por el control del patrimonio. Mientras tanto, el consejo de familia designado fue anulado por la justicia, y un nuevo consejo con participación de la abuela y los hermanos del menor no ha sido homologado. La falta de resolución impide a la abuela acceder a los recursos del niño, que vive en una villa sin servicios básicos, sin colegio y bajo amenaza constante de inseguridad.
A pesar de vivir en una propiedad lujosa en Casa de Campo, el menor carece de acceso a educación, socialización y servicios esenciales como electricidad, internet o agua potable. La deuda escolar supera los 300 mil pesos, y los gastos acumulados de la villa sobrepasan el millón. A esto se suma la desconfianza en el manejo de fondos: el secuestro judicial designado, Luis Armando Muñoz, ha cobrado más de 188 mil dólares pero no ha sido juramentado ni ha rendido cuentas claras. Los parientes del menor acusan influencias políticas en las decisiones judiciales, mientras el niño sigue atrapado entre pleitos de adultos que priorizan el dinero sobre su bienestar.
