El llamado del candidato presidencial de Alianza País, Guillermo Moreno, a exigir la renuncia del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del procurador general de la República ha encendido el debate político y social. Moreno, también exfiscal del Distrito Nacional, responsabiliza directamente al Partido de la Liberación Dominicana de haber impuesto una mayoría afín en la Suprema, lo que, según él, ha desencadenado la actual crisis de legitimidad del Poder Judicial. Dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil saludaron su planteamiento, mientras que el sector empresarial reaccionó con mayor cautela.
Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción; la regidora Consuelo Despradé; y el presidente de Alianza por la Democracia, Max Puig, coincidieron en que lo mínimo que deberían hacer Mariano Germán y Francisco Domínguez Brito es presentar su renuncia. “La renuncia de ambos sería un símbolo y una vía para reconstruir la institucionalidad judicial”, expresó Puig. De su lado, De la Rosa fue más tajante al afirmar que “no se puede resolver nada en un órgano sin dirección si quienes lo encabezan no dan un paso al costado”.
Sin embargo, desde el sector empresarial se pidió más prudencia. La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almánzar, enfatizó que la solución no debe enfocarse en individuos, sino en fortalecer la institucionalidad, garantizar el debido proceso y evitar la impunidad. Para ella, personalizar la crisis no contribuye a resolver el problema de fondo, que es la independencia efectiva de la judicatura dominicana.
