Detrás de cada sentencia que huele a componenda, detrás de cada audiencia que se aplaza indefinidamente o de un fallo que favorece a poderosos, se esconde una herida abierta en el sistema judicial dominicano. Nuria Piera retoma un problema estructural: el uso político de la justicia, denunciado desde hace décadas, como lo dejó claro el exprocurador Manuel García Lizardo en 1991 al señalar que los jueces respondían a intereses de partidos y no a la ley. Casos como el de la magistrada Cristo Cristo, acusada de negociar sentencias y asesorar a abogados mientras aún ocupaba su cargo, demuestran que lejos de corregirse, el problema ha echado raíces más profundas.
Los audios revelados en este reportaje muestran conversaciones entre Cristo y un abogado de nombre Alejandro, donde la jueza le ofrece indicaciones tácticas para proteger evidencia en un proceso que ella misma presidiría. Se evidencia no solo una violación al principio de imparcialidad, sino una relación personal entre ambos que sugiere colusión. La fiscal Jenny Berenice fue la primera en denunciar públicamente la existencia de este tipo de componendas, y aunque fue descalificada en su momento, las pruebas hoy la reivindican. Sin embargo, lejos de ser sancionada, la jueza fue trasladada a la capital, lo que deja al descubierto el poder de su supuesto protector político, Radhamés Jiménez Peña.
En paralelo, se destapan redes de jueces como Francisco Arias Valera, Delio Germán y Huilda Reyes Beltré, entre otros, que operaban como una mafia judicial. Según documentos notariales y recibos firmados, se intercambiaban sobornos a cambio de sentencias favorables para criminales, incluyendo narcotraficantes y regidores vinculados al crimen organizado. En lugar de impartir justicia, estas estructuras se dedicaban a negociar impunidad. La consecuencia es devastadora: una ciudadanía que ha dejado de confiar en sus tribunales, y un Estado de derecho que solo funciona para quienes pueden pagarlo. La justicia dominicana, según revela Nuria, no está ciega… está vendida.
