La Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR), creada por ley en 2007 con el objetivo de investigar y proteger los recursos del mar, está sumida en una cadena de irregularidades que comprometen su funcionamiento. Según reveló Nuria Piera en su más reciente investigación, el ingeniero Pascual Prota Henríquez, director de la entidad y miembro del partido Fuerza Nacional Progresista, ha manejado la institución con criterios políticos y familiares, sin experiencia acreditada en temas marinos. A pesar de contar con presupuestos millonarios anuales, los proyectos para los cuales se aprueban dichos fondos no se ejecutan, mientras aumentan las contrataciones de personal sin competencias relacionadas.
Exempleados y técnicos consultados por el equipo de investigación afirman que ANAMAR ha sido utilizada como refugio laboral para allegados del director, incluyendo ex empleados de su joyería, choferes privados y asesores sin funciones visibles. Algunos figuran como empleados fijos o contratados, pero no acuden a la institución ni realizan tareas específicas. Casos como el del cantante Víctor Antonio Suárez, quien cobra 70 mil pesos como asesor de relaciones internacionales, o el del novio de la hija del director contratado como asesor de proyectos sin experiencia previa, ilustran lo que se denuncia como “una nómina maquillada para fines personales”.
Además, se destaca la ausencia de perfiles técnicos adecuados para cumplir con los mandatos legales de ANAMAR. No hay oceanógrafos, arqueólogos marinos ni biólogos en plantilla, pero sí ingenieros civiles ajenos al área marítima. Se violan normativas clave como la Ley 41-08 de Función Pública al emplear personal en condiciones irregulares, sin tareas asignadas ni justificación de salario. La investigación advierte que la falta de supervisión efectiva ha convertido a ANAMAR en una institución decorativa, sin impacto real en la política marítima del país.
