El suicidio del arquitecto David Rodríguez García, ocurrido en un baño de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), ha puesto al descubierto una presunta red de corrupción y extorsión dentro de esa institución. Rodríguez dejó dos notas en las que acusaba a empleados de la entidad de haberlo empujado a contraer deudas impagables bajo falsas promesas de pagos, responsabilizando directamente a Alejandro de los Santos y Joel Soriano, ambos vinculados al Departamento de Edificaciones Escolares.
El caso ha generado gran conmoción nacional, no solo por las circunstancias de la muerte, sino por las irregularidades administrativas reveladas. A pesar de no estar titulado como arquitecto hasta poco antes del hecho, De los Santos ocupaba un cargo técnico de responsabilidad y, según testimonios y evidencias, operaba junto al abogado Julio Pérez Alejo como parte de una estructura que presionaba a contratistas para ceder líneas de crédito, dejando a varios en bancarrota. La familia de Rodríguez, aún en shock, cuestiona la versión oficial de suicidio y denuncia la desaparición de documentos y un celular clave que podría contener evidencia comprometedora.
Las autoridades, incluyendo la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias. El nuevo director de la OISOE también ha iniciado una investigación interna. Entretanto, continúan las detenciones y los interrogatorios mientras se profundiza en los vínculos entre funcionarios, intermediarios financieros y contratistas afectados. El caso ha abierto un nuevo capítulo en la lucha contra la impunidad en el manejo de fondos públicos.
