Después de 18 días de angustiosa búsqueda, las autoridades finalmente hallaron el cuerpo de la abogada Paola Languasco. La trágica noticia se conoció a través de un mensaje de voz enviado al doctor Leopoldo Languasco, quien recibió información anónima sobre la ubicación de uno de los responsables del crimen.

Durante los interrogatorios a los detenidos, una llamada telefónica perturbó la investigación. Ambiorix Nepomuceno se identifica en la llamada y, aunque intentaron amenazar a las autoridades, finalmente proporcionaron detalles cruciales. Los jóvenes, temerosos y conscientes de su complicidad, revelaron que el crimen había ocurrido alrededor de las 3 de la mañana en el residencial El Retoño, sector El Remolino.

El cadáver de Paola fue encontrado envuelto en sábanas y fundas en una escena macabra. La noticia llegó a la familia a través de la prensa, sin previo aviso de las autoridades. El fiscal Miguel Ramos, jefe del cuerpo de investigadores del Ministerio Público, contactó a los familiares después del hallazgo del cuerpo. Sin embargo, la visita al Cementerio Cristo Vivo del Ingenio reveló una grave falta de organización y comunicación. Los padres de Paola se encontraron con una escena caótica: la autopsia se realizaba sin la presencia de fiscales capaces de proporcionar detalles claros sobre el estado del cadáver.

La médico-legista Kirti Domínguez informó a la familia sobre las atroces circunstancias del crimen. El cuerpo de Paola, encontrado desnudo, presentaba múltiples heridas: un tiro en el pulmón y otro en la frente, además de golpes en la cara y en otras partes del cuerpo, indicativos de una feroz resistencia. La doctora Domínguez confirmó que la víctima fue brutalmente violada por varios agresores. Según la legista, cuatro de los detenidos habrían participado en la violación y tortura de Paola antes de darle muerte.

La brutalidad del crimen dejó a Paola sin un entierro digno, y sus familiares se vieron obligados a enterrar a su ser querido en condiciones que reflejan la ineficiencia y falta de sensibilidad de las autoridades involucradas.