En un giro inesperado de los acontecimientos, el narcotraficante Quirino Paulino, conocido como “El Don”, ha vuelto a ser noticia después de que Estados Unidos decidiera disponer su libertad y retornarlo a República Dominicana. Este desenlace ocurre tras la conclusión de su caso por parte de una jueza, quien emitió una decisión favorable que condena a terceros. La decisión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York ha suscitado una avalancha de críticas, especialmente en relación con la sanción impuesta.
El cuestionamiento principal es si “El Don” podrá regresar al país a reclamar los bienes que poseía en varios puntos del territorio dominicano. La supervivencia de la sociedad del Estado sobre esos bienes y la imposibilidad absoluta de que se reclamen son temas candentes. Sin embargo, el abogado de Quirino sostiene que podría haber una salvedad en el caso de que existan bienes que no se hayan entregado o si el gobierno ha excedido su autoridad.
El presidente del Consejo Nacional de Drogas también ha expresado sus dudas. Explica que para entender la situación de esos bienes, es necesario retrotraer el caso y edificar a la población sobre el acuerdo alcanzado entre la República Dominicana y Estados Unidos. Dicho acuerdo valoró los bienes en 14.5 millones de dólares y, a cambio de cesar la persecución penal contra los familiares y allegados de “El Don” en la República Dominicana, estos bienes pasaron a formar parte del patrimonio del Estado Dominicano.
Según la sentencia 532-2008, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, se acordó la prohibición del Ministerio Público de aplicar la figura jurídica conocida como criterio de oportunidad. Para Estados Unidos, esta práctica es común, ya que el derecho premiado permite al Estado desistir de la persecución penal siempre y cuando se eviten males mayores.
Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿cuál ha sido el destino de esas propiedades costosas? Algunos de estos bienes ya han pasado por el proceso de legalización y venta, mientras que otros aún están pendientes de dicho proceso. El caso de la finca en San Juan de la Maguana ha presentado dificultades debido a diferencias con personas que alegan ser los propietarios legítimos.
Un elemento que ha generado controversia es el hecho de que “El Don” solo cumpliera nueve años de prisión. Según el presidente del Consejo de Drogas, la acción a favor de Quirino Paulino es un insulto y una maldición para la sociedad, y entiende que los acuerdos de extradición deben ser revisados. Afirma que la institución de la extradición ha perdido su alcance y potencialidad de años pasados, y que en los próximos meses se destacó el caso de “El Don” como un ejemplo de la injusticia y la impunidad.
Este caso pone en tela de juicio el sistema de justicia y la efectividad de los acuerdos internacionales en la lucha contra el narcotráfico, dejando a la sociedad con más preguntas que respuestas sobre el destino de los bienes confiscados y la verdadera justicia para las víctimas del narcotráfico.
