En los últimos días, han salido a la luz detalles alarmantes sobre las prácticas corruptas dentro del Departamento Antidroga de la Policía Nacional (DICAN), expuestas por el periodista Marino Zapete. Según las revelaciones, un grupo selecto dentro de DICAN ha estado llevando a cabo allanamientos en ciertos lugares, a veces sin la presencia de fiscales, y devolviendo grandes cantidades de drogas a sus propietarios a cambio de dinero.
Las actas de estos allanamientos se falsificaban para indicar que no se había encontrado nada comprometedor. Por ejemplo, si se confiscó una cantidad de drogas valorada en 10 millones de pesos, los oficiales exigían 3 millones para dejar que los dueños se quedaran con la droga, mientras en los informes oficiales se consignaba que no se había encontrado nada.
Esta práctica ha generado preocupación sobre el rol del Ministerio Público, especialmente porque aunque el Código Procesal Penal prohíbe los allanamientos sin la presencia de un fiscal, esta regla se sigue violando. Zapete subraya que los fiscales suelen ser llamados únicamente cuando el allanado tiene algún poder que pueda hacer valer sus derechos; en caso contrario, la policía actúa de manera autónoma y muchas veces violenta.
Además, los fiscales que no cooperan con estas prácticas corruptas suelen enfrentarse a represalias. Un caso notable mencionado por Zapete es el de un fiscal que, tras oponerse a la corrupción durante un allanamiento en la Casa de Cambio Solano, fue acusado falsamente de introducir dinero en su chaleco, un intento de desprestigiarlo. A pesar de que se probó su inocencia, fue removido de su posición.
Dos fiscales han sido señalados por firmar actas fraudulentas, con uno de ellos alegando que su firma fue falsificada. Esto abre el debate sobre si estos fiscales actuaron como cómplices o simplemente fueron usados como “tontos útiles”. La cultura de complicidad y acoso dentro del sistema es tan fuerte que incluso aquellos fiscales con integridad se ven coaccionados o eliminados del sistema.
Este escándalo subraya la necesidad urgente de reformar el sistema judicial y policial en el país. La corrupción en DICAN y la complicidad dentro del Ministerio Público no sólo ponen en riesgo la justicia, sino que también perpetúan un ciclo de impunidad que amenaza la seguridad y el estado de derecho en la República Dominicana.
