En un episodio reciente de su programa “El Despertador”, el periodista Marino Zapete reveló un escandaloso testimonio sobre la implicación de varias agencias de seguridad en el tráfico de drogas en República Dominicana. Crisania Mercedes Soriano confesó que fue obligada a vender drogas bajo coerción y amenazas de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN), y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM).
“Yo estaba vendiendo droga porque la DNCD y DICAN me pusieron a vender”, confesó Soriano. Según su testimonio, las autoridades no solo le ordenaron participar en el tráfico de drogas, sino que además le cobraban semanalmente elevadas sumas de dinero para permitirle operar. “Yo pagaba 8,000 a DICAN, 8,000 a la DNCD, y 4,000 a DICRIM. Todo iba muy bien hasta que un mayor de la DNCD se enamoró de mí, y al rechazarlo, comenzaron los problemas”.
Soriano narró cómo fue presionada para remover a uno de sus distribuidores, Javi, y reemplazarlo con la esposa de este. Cuando intentó retirarse del negocio, fue amenazada con represalias. “El mayor de la DNCD y el teniente de antinarcóticos me dijeron que el fiscal ya se había dado cuenta y que debía pagarle 8,000 pesos más, aparte de lo que ya había pagado. Eso era demasiado, 20,000 pesos semanales, y decidí retirarme”.
A pesar de sus intentos de alejarse del negocio ilícito, las amenazas persistieron. “Me dijeron que me iban a allanar. Tenían una orden de arresto, pero seguían cogiéndome dinero. Ahora soy la mala, la prófuga, pero yo no ando prófuga, estoy en el pueblo. Lo que pasa es que no puedo dejarme agarrar sin denunciarlo, porque si me agarran, me darán todo el peso de la ley, cuando ellos son los primeros corruptos”.
Soriano también reveló que los fiscales y policías manipulan pruebas y siembran drogas en los puntos de venta. “Supuestamente el fiscal fue a mi casa y encontró un medidor y una fundita de droga, pero nunca la mostró a mi familia. Mi prima estaba grabando y le quitaron el teléfono para borrar las grabaciones”.
Marino Zapete, en su análisis, destacó la gravedad de estas acusaciones, subrayando la corrupción dentro de las instituciones que deberían proteger a los ciudadanos. “No estamos hablando de simples delincuentes vendiendo drogas. Estamos hablando de autoridades que deberían evitar estos crímenes y que, en cambio, son parte integral de ellos”, enfatizó Zapete.
La revelación de esta trama pone en evidencia la profunda corrupción en las fuerzas del orden y plantea serias preguntas sobre la capacidad de las instituciones dominicanas para combatir el narcotráfico y proteger a sus ciudadanos. Este caso se suma a una creciente lista de denuncias que sugieren una complicidad sistémica entre delincuentes y autoridades, y resalta la urgente necesidad de una reforma en las fuerzas de seguridad del país.
