El pasado jueves, un grupo de destacados abogados presentó una querella contra el Procurador General, Francisco Domínguez Brito, alegando que debe renunciar por su activa participación política. Sin embargo, los mismos abogados parecen no haber notado que en el padrón oficial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) figura el juez Moscoso Segarra, quien fue designado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, para conocer la querella del procurador contra el senador Félix Bautista. Segarra aparece como miembro activo del PLD, aunque verbalmente se ha dicho que renunció, sin constar oficialmente.
Franz Soto, otro juez involucrado en la supervisión de los bienes de Félix Bautista, también afirma haber renunciado al Comité Central del PLD, pero su nombre sigue apareciendo en los registros. La imparcialidad de estos jueces está en entredicho debido a sus vínculos con el PLD y su participación en casos que han protegido a miembros del partido.
Un caso relevante es el de Figueroa Agosto, donde el fiscal Segarra y la Procuraduría, bajo Radames Jiménez, retiraron pruebas cruciales, incluyendo grabaciones comprometedoras. Estas grabaciones, según Sobeida , amante de Figueroa Agosto, contenían nombres de funcionarios y militares ligados al gobierno de Leonel Fernández. La desaparición de estas pruebas planteó serias dudas sobre la ética y la independencia de Segarra.
Félix Bautista, además de ser senador por San Juan de la Maguana, es secretario de organización del PLD, un puesto de gran influencia dentro del partido. La estructura judicial, incluyendo a Moscoso Segarra y Franz Soto, ha sido señalada como parte de una maniobra política diseñada por Leonel Fernández y Félix Bautista para consolidar su poder en la Suprema Corte de Justicia. Esta maniobra incluyó el famoso pacto de las corbatas azules entre Fernández y Miguel Vargas Maldonado.
La situación se complica aún más con la esposa de Segarra, quien es procuradora adjunta en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, consolidando así una red familiar dentro del PLD. Estos vínculos políticos comprometen la capacidad de los jueces para manejar casos con imparcialidad.
La falta de transparencia y las conexiones políticas de los jueces involucrados ponen en duda la independencia del sistema judicial en el caso de Félix Bautista. La Suprema Corte de Justicia y el grupo cercano a Fernández parecen estar actuando de manera desesperada, cometiendo errores que socavan la confianza pública en su capacidad para impartir justicia de manera imparcial.
