El proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso para el año 2015 ha levantado controversias por la asignación de 2.500 millones de pesos destinados al pago a una empresa colombiana por una controvertida práctica conocida como “peaje sombra”. Esta práctica implica compensar a la empresa por la falta de tráfico en una carretera construida, generando preocupaciones sobre posibles irregularidades en el contrato.

El contrato, firmado en la administración pasada, obliga al Estado a compensar a la empresa por los vehículos que no transiten por la vía. A pesar de que la empresa ya ha recuperado su inversión en la construcción de la carretera, se espera que continúe cobrando al Estado y a los conductores durante los próximos 30 años.

El caso del peaje sombra se suma a una serie de escándalos de corrupción en el país. Se menciona el reciente caso de los aviones tucanos, donde se investiga el presunto soborno pagado por la empresa brasileña Embraer a funcionarios dominicanos para asegurar la compra de aeronaves militares.

A diferencia de Brasil y Estados Unidos, donde las investigaciones avanzan y han resultado en detenciones, en República Dominicana las promesas de investigación han sido tímidas. Se espera una colaboración entre el Ministerio Público local y brasileño, pero persisten dudas sobre la profundidad de las indagaciones y si se llevará a los responsables ante la justicia.

El caso del peaje sombra y el escándalo de los aviones tucanos ponen de relieve la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente en República Dominicana para garantizar la rendición de cuentas y combatir la corrupción en todos los niveles gubernamentales.