En medio de la creciente preocupación por los recientes incidentes de violencia policial en República Dominicana, surge un debate encendido en la Cámara de Diputados. El periodista Marino Zapete reflexiona sobre la controversia generada por los últimos eventos, en los cuales la policía ha justificado acciones letales con el argumento de enfrentamientos armados.

En sus declaraciones, Zapete destaca el caso reciente de dos jóvenes ejecutados por las fuerzas del orden, quienes alegan que estaban involucrados en el asesinato de una oficial de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Este incidente, presenciado por civiles, ha avivado el escepticismo público hacia las explicaciones policiales, con la recurrente afirmación de “intercambio de disparos”.

El periodista pone sobre la mesa las posturas encontradas en el Congreso respecto a estas acciones. Por un lado, algunos legisladores respaldan firmemente la respuesta letal de la policía, argumentando que es un mensaje claro contra la delincuencia. En palabras de uno de ellos: “Si un hijo mío asesina a una autoridad para quitarle un arma, en vez de justificarlo, saldré a pedir perdón a la población y asistiré al entierro de mi hijo”.

No obstante, hay quienes ven esta postura como un peligroso “gatillo fácil”, señalando que podría llevar a una violación de los derechos humanos y a legalizar métodos extremos en la lucha contra el crimen. “No podemos tolerar la violación de derechos humanos en ningún caso”, subraya uno de los diputados opositores a esta línea de acción.

En medio de esta polarización, Zapete destaca la necesidad planteada por varios legisladores de implementar planes que promuevan valores en la juventud, acompañados de la creación de mejores oportunidades. Esta visión aboga por abordar las raíces sociales de la delincuencia, más allá de soluciones meramente punitivas.

Mientras tanto, el jefe de la Policía Nacional asegura que continuará cumpliendo estrictamente con su rol, aunque la sociedad dominicana enfrenta un desafío crucial: definir el equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.