El periodista Huchi Lora analizó en su espacio la reciente declaración de Joao Santana y Mónica Moura ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil, donde reiteraron que Odebrecht no financió la campaña presidencial de Danilo Medina. Lora afirmó que, si esto fuera cierto, constituiría una excepción notable, tomando en cuenta que la constructora admitió haber financiado campañas políticas en diversos países y que incluso trasladó su Departamento de Operaciones Estructuradas —encargado de los sobornos— a la República Dominicana. En ese contexto, insistió en la importancia de rastrear las transferencias y pagos que los asesores brasileños recibieron, destacando que las pruebas deberían ser verificables mediante cheques y movimientos bancarios.
El comunicador recordó casos anteriores, como las acusaciones de Quirino Castillo contra el expresidente Leonel Fernández, para ilustrar que ciertos señalamientos podrían desmontarse fácilmente si existieran documentos contradictorios. Lora advirtió que el Ministerio Público dominicano no puede basarse únicamente en las declaraciones de Santana y Moura, ignorando lo manifestado por otros ejecutivos de Odebrecht vinculados al esquema de sobornos. Señaló que la credibilidad de la investigación depende de la disposición de la Procuraduría a indagar con profundidad y determinar, con pruebas, si hubo o no financiamiento irregular en campañas políticas y quiénes se beneficiaron de los pagos.
El periodista subrayó que la falta de confianza en el Ministerio Público, especialmente por la cercanía política del Procurador con el partido de gobierno, complica el proceso. Aseguró que la sociedad debe mantenerse vigilante para exigir una investigación independiente y exhaustiva que determine el monto real de los sobornos, la responsabilidad de los funcionarios involucrados y la compensación que debe recibir el Estado. Lora también citó un informe de Moody’s que señala que los escándalos de Odebrecht han impactado negativamente proyectos en varios países, lo que, a su juicio, reafirma la necesidad ética de impedir que la empresa siga siendo contratista en obras como Punta Catalina, aun cuando éstas deban concluirse bajo otro proveedor.
