La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que ordena proceder a un nuevo juicio contra Pascual Cordero Martínez, alias El Chino, condenado previamente a 30 años por narcotráfico y lavado de activos, ha provocado una amplia ola de reacciones entre especialistas y sectores vinculados al sistema de justicia. La decisión, fundamentada en alegadas anomalías procesales detectadas durante el juicio original, ha reabierto el debate sobre la correcta aplicación de la ley en casos de alto impacto criminal.
Expertos consultados explicaron que el fallo generó preocupación, especialmente por la expectativa de que el Tribunal Constitucional haya sustentado de manera sólida la anulación, y que la Suprema Corte de Justicia mantenga su postura previa. Aunque resaltaron que existe evidencia suficiente que vincula a Cordero con los hechos de los que fue acusado, insistieron en que el centro del debate no es la culpabilidad, sino la legalidad del proceso que lo llevó a ser condenado.
Analistas destacaron también el peso que puede tener una defensa costosa y altamente capacitada, señalando que “con dinero y buenos abogados” es posible cuestionar la correcta aplicación de la legislación. Recordaron además que todo imputado tiene facultad constitucional para solicitar revisión de su caso cuando alega violaciones de derechos fundamentales, función en la que el Tribunal Constitucional actúa como garante de la Carta Magna.
Uno de los elementos que habría incidido en el fallo es el prolongado tiempo que el expediente permaneció en los tribunales, un factor que el Tribunal Constitucional consideró determinante para ordenar que el caso sea revisado nuevamente. Mientras se prepara el escenario para un segundo juicio, el país vuelve a poner bajo lupa su sistema judicial y la manera en que enfrenta los casos de narcotráfico de mayor complejidad.
