Una presunta red de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) ha generado alarma en el país luego de que se revelara que más de 4,000 procedimientos médicos fueron autorizados pero nunca realizados. Según las investigaciones preliminares, se habrían utilizado identidades de afiliados y la participación de exempleados que gestionaban las autorizaciones desde fuera de la institución.

El caso ha causado preocupación entre senadores, muchos de ellos médicos, quienes demandan que la justicia aplique todo el peso de la ley contra los responsables. Los legisladores enfatizan que los recursos desviados afectaron directamente a un sistema de salud que debe garantizar atención a la población, y califican estos hechos como “extremadamente graves”.

La Fundación Primero Justicia se presentó ante la Procuraduría General de la República para denunciar al exgerente y exdirectores de SENASA por la supuesta sustracción fraudulenta de aproximadamente 9,059 millones de pesos mediante transacciones falsas. La acción busca que los responsables enfrenten consecuencias legales severas.

Se espera que los organismos competentes presenten los informes necesarios para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de cada implicado. La alta dirección de SENASA, según las autoridades, tendrá que ofrecer explicaciones detalladas ante la Procuraduría.

El presidente Luis Abinader confirmó que el Ministerio Público ya investiga la posible malversación de fondos en SENASA, asegurando que se tomarán todas las medidas legales correspondientes para proteger los recursos públicos.

Los expertos señalan que los implicados podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión si se comprueba su participación en el fraude. Mientras tanto, la sociedad civil y los sectores de salud continúan exigiendo transparencia y justicia para evitar que casos similares vuelvan a afectar el sistema sanitario.

La ciudadanía, a través de organizaciones sociales y medios de comunicación, ha manifestado su rechazo contundente a estos actos de corrupción y exige que se implementen mecanismos de control más estrictos en SENASA, con el objetivo de garantizar que los fondos destinados a la salud pública sean utilizados de manera eficiente y en beneficio de los afiliados.