El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, lanzó una dura crítica a los legisladores que aún no han presentado su declaración jurada de bienes, calificando esa omisión como inaceptable e injustificable. “Aquí cada quien es responsable de sus actos. Eso no tiene explicación. Todo el mundo sabe que eso es un mandato constitucional y debemos cumplir con la Constitución, y más nosotros los legisladores”, expresó con firmeza.
De los Santos afirmó que, aunque respeta las decisiones individuales, no comparte bajo ninguna circunstancia que se ignore una obligación tan clara establecida en la Carta Magna. En el mismo escenario, la presidenta en funciones de la Cámara Alta aprovechó para reiterar su compromiso con la aprobación del nuevo Código Penal, asegurando que existe un acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para que dicha reforma se materialice en esta legislatura.
De los Santos subrayó que los legisladores están llamados a dar el ejemplo ante la sociedad, ya que son los encargados de crear y aprobar las leyes que rigen al país. “No podemos exigirle al pueblo lo que nosotros mismos no cumplimos. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de una democracia funcional”, agregó el senador, visiblemente indignado por la falta de compromiso de algunos de sus colegas.
En cuanto a la aprobación del nuevo Código Penal, la presidenta del Senado aseguró que se trata de una deuda legislativa que no puede seguir postergándose. Indicó que el acuerdo con Alfredo Pacheco incluye puntos clave para lograr el consenso necesario entre ambas cámaras y finalmente dotar al país de un código actualizado y acorde a los tiempos actuales. “Vamos a cumplirle al país con esta reforma”, afirmó con determinación.
El anuncio fue bien recibido por varios sectores políticos y sociales que durante años han exigido la modernización del Código Penal. Sin embargo, algunos legisladores han manifestado reservas sobre temas sensibles dentro del proyecto, como la interrupción del embarazo y la discriminación por orientación sexual. Aun así, las autoridades legislativas reiteran su intención de avanzar con responsabilidad y lograr la aprobación antes de que finalice el actual período legislativo.
