Un desgarrador testimonio que se viralizó este miércoles en redes sociales colocó en el centro del debate público la situación de Yeisy Germán Mejía, una madre de cuatro hijos menores, oriunda del municipio El Valle, en la provincia Hato Mayor, quien pidió ayuda entre llantos al admitir que enfrenta una fuerte adicción a las drogas y que, por sí sola, no puede salir de esa condición.
El video, que se difundió rápidamente en distintas plataformas digitales, generó una ola de reacciones solidarias de ciudadanos que expresaron su disposición a colaborar para que la mujer reciba atención especializada. En la grabación, Germán Mejía implora intervención urgente para poder rehabilitarse y proteger el bienestar de sus hijos, quienes dependen de ella.
Horas más tarde, familiares de la joven publicaron otro video en el que aseguraron que habían contactado a un influencer conocido como “Africano”, quien se dedica a gestionar procesos de rehabilitación para personas con adicciones. Sin embargo, indicaron que quienes acudieron al lugar fueron representantes de la fundación denominada “El Rescatador”, dedicada a labores similares. Según la versión de los parientes, los integrantes de la fundación habrían solicitado la suma de 25 mil pesos para llevarse a la mujer, calificando la situación como un supuesto “secuestro”.
Ante estas acusaciones, el propietario de la fundación “El Rescatador” difundió un video para desmentir dichas versiones. Afirmó que su intervención fue de carácter voluntario y solidario, negando haber exigido dinero alguno. Además, aseguró que, por el contrario, entregó 5 mil pesos a los familiares como apoyo económico para los hijos de la mujer, quienes dependen de ella.
En su testimonio, Yeisy Germán Mejía relató que su situación personal se agravó tras perder sus documentos de identidad. Al intentar recuperar su cédula, dijo haber encontrado obstáculos legales al enterarse de que, presuntamente, otra persona habría sido registrada utilizando sus datos, lo que la dejó sin reconocimiento formal ante las instituciones del Estado y, según explicó, dificultó su acceso a servicios y oportunidades de ayuda.
El caso ha reavivado el debate sobre la atención a personas con adicciones, la verificación de las intervenciones de organizaciones que operan en procesos de rehabilitación y la necesidad de que las autoridades fortalezcan los mecanismos de asistencia social y de salud mental para poblaciones en situación de alta vulnerabilidad.
