La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) podrá relanzar el proceso de licitación para adquirir silbatos que utilizan sus agentes en el control del tránsito, siempre y cuando presente los estudios que justifiquen el precio de referencia de la compra. Así lo informó el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, al recordar que la suspensión de la licitación se debió a la ausencia de esa documentación técnica.
El proceso inicialmente contemplaba la adquisición de 2,894 silbatos con cadenas y portasilbatos por un monto de RD$5,634,000. Pimentel precisó que, una vez elaborados los estudios, la Digesett podrá lanzar nuevamente la licitación.
Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un foro sobre contrataciones públicas en el que se presentó la nueva Ley 47-2025, que busca fortalecer la transparencia y garantizar que las compras estatales contribuyan al bienestar social. La normativa entrará en vigencia en enero de 2026 e incorporará mecanismos como subastas electrónicas inversas, acuerdos marco y sorteos de pequeñas obras.
Contexto
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) tenía en curso una licitación para adquirir 2,894 pitos con sus cadenas y portapitos, por un monto superior a 5.6 millones de pesos, pero el proceso fue suspendido por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP). La razón fue la falta de estudios previos que justificaran el precio de referencia establecido en la convocatoria, un requisito indispensable para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente.
Ante esto, el director de la DGCP, Carlos Pimentel, explicó que la Digesett podrá relanzar la licitación una vez presente dichos estudios y sustente adecuadamente los montos. El tema ha generado debate público porque, aunque se trata de una compra aparentemente simple, pone en evidencia la necesidad de mayor control y rigurosidad en los procesos de compras estatales, especialmente en el marco de la nueva Ley 47-2025 de Contrataciones Públicas, que busca asegurar que cada adquisición se traduzca en beneficios reales para la población.
