El gobierno de Donald Trump anunció que modificará el examen de ciudadanía estadounidense, argumentando que el actual es “demasiado fácil”. Así lo confirmó Joseph Edlow, nuevo director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), quien afirmó que se busca un proceso más riguroso para garantizar que los solicitantes posean un conocimiento cívico más profundo del país.
Actualmente, el examen consta de 100 preguntas posibles sobre historia, gobierno y civismo. Durante la entrevista, el oficial selecciona al azar 10 preguntas, de las cuales el solicitante debe responder correctamente al menos seis para aprobar. El gobierno ha señalado que este formato no refleja un estándar suficiente de comprensión ciudadana, por lo que planea reformular tanto el contenido como el método de evaluación.
Esta iniciativa ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de inmigrantes, quienes advierten que podría representar un nuevo obstáculo para miles de personas que buscan la naturalización.
Según Edlow, la revisión del examen forma parte de un esfuerzo más amplio por “reforzar la integridad” del proceso de naturalización, asegurando que quienes se conviertan en ciudadanos tengan un conocimiento “más significativo” de los principios e historia de los Estados Unidos. Aunque no se ha precisado en qué consistirán los cambios, se espera que incluyan preguntas más complejas y un enfoque más profundo en el análisis cívico.
Diversas organizaciones proinmigrantes han expresado su rechazo a la medida, considerando que el cambio es innecesario y tiene un trasfondo político. “Este tipo de reformas sólo buscan dificultar el camino a la ciudadanía para comunidades vulnerables”, advirtió la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), mientras que otras entidades han calificado la medida como un intento de desalentar la participación de inmigrantes en el proceso democrático.
El anuncio se enmarca en una serie de políticas impulsadas durante la administración Trump para restringir la inmigración legal, como la eliminación de protecciones a ciertos grupos de migrantes y la ampliación de los criterios para rechazar solicitudes. El nuevo examen, aún en etapa de diseño, podría entrar en vigencia en los próximos meses, tras ser sometido a consulta pública.
