El Estado dominicano logró recuperar RD$6,500 millones que habían sido sustraídos mediante actos de corrupción administrativa, según informó el coordinador del equipo de recuperación del patrimonio público, Fernando Enríquez. Los recursos retornan a las arcas nacionales por dos vías: directamente a la Cuenta Única del Tesoro o a través de la Procuraduría General de la República, pasando por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados y luego al Tesoro.
Durante su intervención en la Convención de las Naciones Unidas realizada en Viena, Austria, Enríquez explicó que de ese total, RD$1,060 millones corresponden a fondos líquidos, bienes muebles e inmuebles vinculados a casos de corrupción estatal. Asimismo, destacó que estos resultados han sido posibles gracias al respaldo de la Presidencia de la República, el Ministerio Público y entidades como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Las reacciones no se hicieron esperar. Fidel Lorenzo, presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, llamó al Ministerio Público a fortalecer sus métodos investigativos y evitar depender en exceso de delaciones premiadas, advirtiendo que esto podría derivar en beneficios indebidos para imputados que colaboren. “El Ministerio Público tiene que hacer su tarea y no puede apoyar todas sus investigaciones en delaciones para hacer rico a delincuentes”, señaló.
En contraste, el jurista Milcidas Guevara valoró positivamente el proceso de recuperación, destacando su impacto directo en la población. Dijo que estos fondos representan “dinero que vuelve para beneficio del pueblo dominicano” y evidencian avances significativos en la persecución de los delitos de corrupción administrativa.
Finalmente, el equipo de recuperación del patrimonio público informó que RD$3,500 millones provienen de la labor directa del cuerpo de abogados del Estado en procesos judiciales relacionados. Con estos resultados, las autoridades reiteran su compromiso de continuar la recuperación de bienes producto de actos ilícitos para reintegrarlos a la economía nacional.
