El FBI anunció su intención de ampliar la lista de vigilancia antiterrorista para incluir a sospechosos vinculados a cárteles de droga y presuntos miembros de pandillas. Según un correo reciente divulgado, la agencia solicitó a policías locales que entreguen nombres de personas relacionadas con ocho grupos criminales específicos.
Esta medida podría aumentar las alertas de terrorismo durante controles rutinarios, como paradas de tránsito o revisiones de antecedentes, generando preocupación entre organizaciones de derechos civiles que temen posibles abusos y discriminación.
Los activistas advierten que esta ampliación podría criminalizar a comunidades enteras y afectar derechos fundamentales, por lo que llaman a una revisión cuidadosa y transparente del proceso por parte de las autoridades.
Por su parte, el FBI defiende la medida argumentando que la inclusión de estos grupos en la lista de vigilancia busca fortalecer la seguridad nacional y mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas crecientes del crimen organizado y el terrorismo. La agencia asegura que el proceso seguirá los protocolos legales y respetará las garantías constitucionales.
Sin embargo, expertos en justicia penal señalan que esta fusión de criminalidad organizada con terrorismo puede diluir las diferencias entre ambos fenómenos, lo que podría generar confusión en la aplicación de la ley y afectar la confianza de las comunidades en las fuerzas de seguridad.
Mientras tanto, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos piden mayor diálogo entre autoridades y la sociedad civil para evitar medidas que puedan exacerbar la estigmatización y vulnerar los derechos de personas inocentes que podrían verse atrapadas en estas listas ampliadas.
Además, organizaciones internacionales han expresado su interés en monitorear cómo se implementará esta ampliación, subrayando la importancia de garantizar que las medidas de seguridad no se conviertan en una herramienta de persecución política o racial. Señalan que el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos civiles debe mantenerse con rigor y transparencia.
En tanto, algunos legisladores han pedido audiencias para evaluar el impacto de esta iniciativa del FBI y exigir garantías claras sobre los mecanismos de supervisión y control. La discusión está abierta mientras crece el debate público sobre el alcance y las consecuencias de incluir a cárteles y pandillas dentro de una lista que hasta ahora se centraba en amenazas terroristas tradicionales.
