En una entrega que retumba con fuerza en la conciencia pública, Nuria Piera ha puesto sobre la mesa un patrón que ya es parte estructural del Estado dominicano: la consolidación de castas familiares en el poder bajo la sombrilla del nepotismo extendido. Esta práctica, aunque no tipificada como delito por las leyes nacionales, viola flagrantemente la ética de la función pública, la meritocracia y el principio de separación entre lo privado y lo estatal.
La investigación detalla cómo altos funcionarios de todos los colores políticos han usado sus cargos para colocar a hijos, esposas, hermanos y sobrinos en posiciones privilegiadas, devengando salarios que muchas veces sobrepasan el del propio presidente de la República. Todo esto ocurre bajo una cultura institucional donde se normaliza que el poder se herede por consanguinidad.
El caso más ilustrativo es el del ministro Temístocles Montás, cuya familia entera —esposa, hijos, hermanos— ha ocupado cargos estratégicos desde 2004, muchos de ellos acumulando sueldos en varias instituciones simultáneamente. Casos similares se evidencian en las familias de Bautista Rojas Gómez (Medio Ambiente), José Ramón Fadul (Interior y Policía) y decenas más. En todos se repite el mismo guión: el ascenso no se da por méritos, sino por apellido.
