Las empresas que provoquen daños al medio ambiente ya no solo enfrentarán sanciones administrativas, sino también procesos penales directos que podrían derivar en multas millonarias, suspensión de operaciones o clausura definitiva, según advirtió la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, durante la conferencia “Responsabilidad ambiental y rol del sector empresarial ante la Ley 74-25 del Código Penal Dominicano”, organizada por la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED).
Ramos explicó que la Ley 74-25 modernizó el Código Penal y fortaleció el régimen de persecución de las conductas que afectan los ecosistemas, los recursos naturales y la salud humana. Recordó que esta normativa coexiste con la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que establece el principio de que “quien contamina paga” y penaliza el vertido de sustancias tóxicas, la contaminación de agua, aire y suelos, la tala ilegal, el daño a áreas protegidas y el fraude en licencias ambientales.
La magistrada detalló que los artículos 174, 175 y 176 del Código Penal fijan responsabilidades tanto para personas físicas como jurídicas, imponiendo multas de hasta 20 mil salarios mínimos y sanciones penales a los directivos que decidan o toleren prácticas contaminantes dentro de sus empresas.
En ese sentido, Ramos enfatizó que el empresariado dominicano debía abandonar la visión de que el medio ambiente es solo un problema del Estado, ya que la nueva legislación obliga a las compañías a asumir un rol activo en la prevención y mitigación del impacto ecológico de sus operaciones.
Finalmente, la fiscal del Distrito Nacional subrayó que la responsabilidad ambiental debe convertirse en una parte esencial de la misión corporativa, mediante políticas efectivas de prevención de riesgos, manejo adecuado de residuos, control de emisiones, uso racional del agua y del suelo, así como la reparación o indemnización de los daños causados al entorno natural.
