La descomposición social que atraviesa la República Dominicana tiene uno de sus reflejos más alarmantes en el sistema penitenciario. En cárceles como la de Baní, internos publican fotos y videos en redes sociales donde exhiben bebidas alcohólicas, dinero en efectivo y sustancias ilícitas, desafiando abiertamente a las autoridades. Las imágenes, enviadas por fuentes anónimas, evidencian el acceso de los reclusos a celulares, tabletas y computadoras, elementos prohibidos por ley, lo que revela el alto nivel de corrupción dentro de los recintos carcelarios tradicionales del país.
A pesar de los esfuerzos de la Procuraduría por implementar un nuevo modelo penitenciario más humano y regenerativo, la realidad es que el 65% de la población reclusa continúa bajo un sistema administrado por policías y militares, caracterizado por el desorden, el tráfico interno de drogas, armas y dinero. Especialistas señalan que estas cárceles, como La Victoria y Baní, se han convertido en “fábricas de delincuentes”, con tasas de reincidencia que superan el 50%. Los presos no solo desafían la autoridad, sino que operan redes delictivas desde sus celdas, incluyendo la clonación de tarjetas de crédito y estafas electrónicas.
La situación ha impulsado al Congreso Nacional a aprobar en primera lectura un proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares en las cárceles y establece el bloqueo de señales. Sin embargo, las medidas siguen siendo insuficientes mientras persista la complicidad de algunos funcionarios y la falta de supervisión efectiva. Las cárceles dominicanas continúan siendo el espejo más crudo de un sistema carcelario desbordado, donde el crimen organizado encuentra terreno fértil para operar con total impunidad.
