El municipio de Maimón se encuentra en estado de conmoción tras revelarse tres horribles casos de abuso sexual que involucran a menores de edad, ocurridos en hechos separados. Las víctimas son dos niñas de ocho años y un niño de diez, y los presuntos agresores incluyen tanto a familiares menores de edad como a un vecino adulto.
Los detalles de los sucesos son estremecedores. En el primer caso, una menor fue presuntamente abusada por su primo mientras estaban en la casa de la madre de esta. La gravedad de las lesiones obligó a trasladar a la niña del hospital de Maimón al centro de salud de Bonao, donde su estado es reportado como delicado.
En otros dos hechos relacionados, dos niñas de ocho años fueron, según se informa, abusadas por sus primos hermanos, de 12 y 13 años. Una de las pequeñas permanece en un área restringida del hospital público de Bonao debido a que sufrió laceración perineal. A pesar de que los agresores son también menores de edad, las autoridades han indicado que serán sometidos a la acción de la justicia.
Finalmente, un niño de 10 años fue presuntamente abusado por un vecino, a quien identificó con el apodo de “Tabaquito”.
Las autoridades del Ministerio Público han iniciado las investigaciones para esclarecer los tres crímenes. Estos sucesos han puesto en relieve la necesidad urgente de reforzar la protección a la infancia en la provincia Monseñor Nouel.
Penalidad por abuso sexual infantil
En República Dominicana, el abuso infantil es considerado un delito grave y está contemplado en el Código Penal y en la Ley 136-03 del Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Dependiendo de la gravedad de la agresión, las sanciones pueden incluir desde 5 hasta 20 años de prisión, así como multas económicas. En casos de violación sexual a menores de edad, la pena puede alcanzar los 30 años de reclusión mayor, siendo una de las sanciones más severas establecidas en la legislación dominicana.
Además de las penas de cárcel, el marco legal dominicano también contempla medidas complementarias para garantizar la protección de la víctima y la reparación del daño. Estas incluyen la pérdida de la patria potestad, la inhabilitación para ocupar cargos públicos y la obligación de brindar asistencia psicológica a las víctimas. Con estas disposiciones, la legislación busca no solo castigar a los responsables, sino también enviar un mensaje contundente de cero tolerancia contra la violencia y el abuso infantil.
