La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue apoderada del recurso presentado por el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y otros seis imputados en el presunto caso de corrupción que afecta a la entidad.
Los acusados buscan que se les varíe la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva con el objetivo de obtener su libertad, luego de haber sido enviados inicialmente al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo y posteriormente trasladados al Centro Penitenciario Las Parras por falta de espacio.
El querellante del caso, Miguel Surún Hernández, afirmó que el desfalco atribuido a la red supera los 43,000 millones de pesos y acusó a los implicados de intentar que fracase la administración de justicia para evadir responsabilidades. Por su parte, el abogado y expresidente del CODUE, Feliciano Lacen, reconoció el derecho de los imputados a apelar, pero llamó a realizar una investigación seria y exhaustiva, respetando siempre el debido proceso y garantizando que quienes resulten culpables respondan por el daño causado al sistema público de salud.
En el recurso interpuesto figuran, además de Hazim, los nombres de Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Salud; Ramón Alan Mateo y Adalys de los Remedios Ureña. En los próximos días, la Corte de Apelación fijará la fecha para conocer las solicitudes y decidir si mantiene o modifica la medida de coerción impuesta.
Más detalles del caso
El caso SeNaSa se encuentra en una investigación por presunta corrupción y desfalco millonario en el Seguro Nacional de Salud. El Ministerio Público acusa a exfuncionarios y relacionados de haber formado una red que habría desviado recursos públicos mediante maniobras administrativas y financieras. Según la querella presentada, el monto del presunto fraude supera los 43 mil millones de pesos, lo que convierte este proceso en uno de los más relevantes del sector salud público. Por estas acusaciones, varios implicados, incluido el exdirector Santiago Hazim, recibieron como medida de coerción 18 meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación.
En la actualidad, los imputados han presentado un recurso de apelación ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional buscando que se les varíe la prisión preventiva por otra medida menos restrictiva. Sectores de la sociedad civil han pedido que se realice una investigación profunda, se respete el debido proceso y que, si se comprueban responsabilidades, los culpables respondan ante la justicia. El caso continúa en desarrollo y el tribunal deberá decidir si mantiene o modifica la medida impuesta mientras se siguen recopilando pruebas y testimonios.
