La República Dominicana ha sido escenario de episodios criminales que han dejado una huella profunda en la memoria colectiva. El asesinato de la adolescente Emely Peguero no solo estremeció a la sociedad, sino que reabrió heridas históricas que parecían cicatrizadas. Bajo la consigna “todos somos Emely”, ciudadanos se movilizaron exigiendo justicia y verdad, recordando otros crímenes atroces que en su momento generaron indignación nacional y reclamos sociales masivos. Cada caso ha reforzado la percepción de una violencia extrema que golpea con especial crudeza a niños y jóvenes.
Uno de los antecedentes más impactantes es el asesinato del niño José Rafael Llenas Aibar, ocurrido el 4 de mayo de 1996. El menor, de apenas 12 años, fue apuñalado 34 veces por su primo Mario José Redondo Llenas, con la complicidad de otros involucrados. El cuerpo, atado y envuelto en cinta adhesiva, fue hallado en un arroyo cercano a la autopista Duarte. La frialdad posterior de los responsables, quienes fingieron preocupación y acompañaron a la familia en su dolor, convirtió el caso en uno de los más escalofriantes de la historia criminal dominicana, con condenas que aún hoy se cumplen parcialmente.
El caso de Emely también revive el recuerdo de Loara Tavares Rosario, joven de 19 años asesinada en 2009 en San Francisco de Macorís, y el de la niña Carla Maciel Cabrera Reyes, desaparecida en 2015 y hallada sin vida un año después. A estos se suma el homicidio del empresario Edi Peña en 2017, raptado y asesinado por venganza. Estos crímenes, distintos en forma pero similares en brutalidad, han generado un patrón de conmoción social, protestas y exigencias de sanciones ejemplares. Para muchos ciudadanos, representan una deuda histórica del sistema de justicia y un llamado urgente a fortalecer la prevención, la investigación rigurosa y la respuesta institucional ante hechos que siguen enlutan a la nación.
