Marino Zapete aseguró en su programa que la venta de terrenos estatales —la llamada operación de “los tres brazos”— no fue un acto aislado ni desconocido por el Poder Ejecutivo, sino una maniobra concertada que favoreció intereses privados. Señaló que la operación apareció como hecha “ya consumada” antes de que los órganos internos la aprobaran y que múltiples irregularidades procesales y legales la acompañaron, lo que, a su juicio, revela un patrón sistemático de captura del Estado.
El periodista repasó los hallazgos de la comisión investigadora: violaciones constitucionales y legales, procedimientos internos precarios, sobreprecios y un esquema comercial perjudicial para el interés público. Destacó que la documentación revela pagos y decisiones tomadas antes de la debida autorización y que la operación benefició a empresas vinculadas a funcionarios y allegados. Zapete insistió en que, de existir instituciones funcionales, estos hechos obligarían a interpelaciones y sanciones.
Con firmeza exigió transparencia y responsabilidades: auditorías completas, investigaciones independientes y medidas efectivas para reparar el perjuicio al erario y proteger a los afectados. Subrayó la necesidad de que el Estado garantice la restitución de derechos a ocupantes vulnerables y que se persigan penal y administrativamente a quienes actuaron irregularmente, sin protecciones políticas ni encubrimientos.
