La problemática del tránsito en la República Dominicana sigue generando controversia y preocupación entre la población. La reciente designación de un nuevo director en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) ha reavivado el debate sobre la efectividad de esta institución y su enfoque en la regulación del tránsito.
Desde hace más de 20 años, la DIGESETT ha estado bajo la dirección de oficiales de la Policía Nacional, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre si la institución debería estar liderada por un técnico en movilidad urbana en lugar de un miembro de un cuerpo castrense. Se argumenta que la gestión del tránsito no solo debe basarse en la fiscalización y la imposición de multas, sino en una transformación cultural y conductual de los conductores.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), según lo establecido en la Ley 63-17, tiene la responsabilidad de diseñar y ejecutar la política nacional de movilidad y seguridad vial. Sin embargo, la DIGESETT es el órgano encargado de fiscalizar y controlar la movilidad de personas y mercancías, ejecutar operativos en las vías y velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
A pesar de esto, las críticas han sido constantes sobre la falta de organización y la aparente ausencia de una estrategia efectiva para mejorar la movilidad en el país. Entre los principales problemas se señalan la ubicación inadecuada de agentes en intersecciones donde los semáforos funcionan correctamente, la ineficiencia en la fiscalización de conductores que violan las normas y la falta de un sistema de consecuencias efectivo para quienes reinciden en infracciones.
El director del INTRANT, Milton Morrison, ha manifestado su preocupación sobre la dificultad de despachar con la DIGESETT, sugiriendo la necesidad de una mejor coordinación entre ambas entidades. Asimismo, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha planteado aumentar el monto de las multas como una medida para mejorar la disciplina vial, aunque algunos consideran que esto no resolverá el problema de fondo.
Otro aspecto clave en este debate es el papel de los ciudadanos. Si bien es cierto que el Estado tiene la obligación de regular el tránsito y garantizar la seguridad vial, también es fundamental que los conductores adopten un comportamiento responsable. La falta de respeto a las normas, la imprudencia y la corrupción contribuyen significativamente al caos vehicular. Un dato alarmante es que cada año, aproximadamente 3,000 personas pierden la vida en accidentes de tránsito en el país, lo que equivale a un promedio de nueve muertes diarias.
En este contexto, es evidente que la solución al problema del tránsito en la República Dominicana no pasa exclusivamente por la fiscalización ni por el aumento de multas. Se requiere un enfoque integral que combine educación vial, tecnología, un mejor uso de los recursos existentes y una gestión eficiente por parte de las autoridades. Solo así se podrá avanzar hacia un sistema de tránsito más ordenado y seguro para todos los ciudadanos.
