Aplazan inicio de juicio de fondo contra imputados en la Operación Cattleya  por incomparecencia de abogados de la defensa | Hechos.com.do

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha fijado la fecha para el inicio del juicio de fondo contra los presuntos integrantes de una red de trata de personas con fines de explotación sexual, desmantelada durante la Operación Cattleya. La audiencia está programada para el miércoles 8 de mayo a las 9:00 de la mañana.

La ausencia de los imputados Braulio Manuel Lugo y Oliver Arnaud Lewinski, quienes se encuentran bajo prisión preventiva por otros casos judiciales, ha motivado esta decisión. Ante esto, el tribunal ha ordenado la intimación del responsable del traslado de Lugo, con advertencia de sanción de multa según lo establece el artículo 306 del Código Procesal Penal.

Además, se ha solicitado la identificación del recinto penitenciario donde se encuentra Oliver Arnaud Lewinski, así como la intervención de un intérprete judicial francés para asistirlo durante la audiencia.

La acusación del Ministerio Público señala que los imputados formaban parte de una red que reclutaba mujeres de diferentes países bajo la falsa promesa de empleo como camareras en zonas turísticas de la República Dominicana. Una vez en el país, estas mujeres eran sometidas a explotación sexual y obligadas a saldar una supuesta deuda por los costos del viaje y el hospedaje, bajo amenaza de deportación.

Entre los acusados se encuentran José Miguel Michel Gurdis (Michel), Angélica Johanna Quintero, Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández, María Castillo Vargas, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis), Louis Marie Nephtalie, Engel Nefthali Vargas Soto (Ángel), Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos), Melvin José Valentín Peguero, Zafiro Nataly Sánchez González, Oscar Wicene y Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato).

Este proceso judicial busca llevar ante la justicia a aquellos que han participado en actividades delictivas que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las personas, especialmente de aquellas más vulnerables y en situación de riesgo.