El comunicador Julio Ernesto se refirió a las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre los cuestionamientos de corrupción que afectan a instituciones como el SENASA. Según Julio Ernesto, el mandatario reafirmó que su gobierno no tolerará actos ilegales y que cualquier funcionario implicado deberá enfrentar la justicia, adoptando una postura de “caiga quien caiga”.
Julio Ernesto comparó la expresión de Abinader con la célebre frase de Joaquín Balaguer, quien afirmaba que “la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho”. Señaló que, al igual que Balaguer, Abinader busca proteger la integridad de su gestión, aunque la sociedad observe que ciertos escándalos empañan su administración.
Asimismo, el comunicador destacó los cambios legales y constitucionales promovidos por el mandatario, como la modificación del Consejo Nacional de la Magistratura y la reducción del número de legisladores. Estas decisiones, según Julio Ernesto, buscan fortalecer la gobernabilidad, garantizar transparencia y asegurar influencia en las instituciones judiciales para mantener la estabilidad del Estado.
Finalmente, Julio Ernesto reflexionó sobre la naturaleza de la corrupción en los gobiernos, señalando que no necesariamente involucra al presidente directamente, sino a la selección de funcionarios.
Resaltó que, aunque los presidentes pueden acumular influencia, la clave está en gobernar con personas serias y responsables, y que la sociedad exige resultados y justicia ante cualquier acto ilegal dentro del gobierno.
Más detalles
Los señalamientos de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) han generado preocupación en diversos sectores del país, especialmente entre usuarios y trabajadores del sistema de salud. Entre las principales acusaciones se encuentran el mal manejo de fondos públicos destinados a la atención de los afiliados, la falta de transparencia en la adjudicación de contratos y pagos irregulares a proveedores. Estas denuncias han sido recogidas por medios de comunicación y organismos de control, generando cuestionamientos sobre la eficiencia y legalidad de las operaciones internas de la institución.
Adicionalmente, algunos sectores empresariales y políticos han señalado la existencia de posibles actos de prevaricación y abuso de recursos, que habrían afectado la cobertura y calidad de los servicios de salud ofrecidos a la población. La preocupación se centra en cómo estas irregularidades podrían poner en riesgo el acceso oportuno a procedimientos médicos necesarios y el correcto uso de los fondos públicos, lo que ha llevado a exigir medidas de supervisión más estrictas y a instar a que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
