El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condena a 15 años de prisión a pareja por abuso sexual de adolescente con trastorno cerebral
Santo Domingo Este, 27 de octubre de 2023 – El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este dictó una condena de 15 años de prisión a una pareja acusada de violar sexualmente a una adolescente de 15 años que padece un trastorno cerebral. Los condenados, identificados como Perila Sena y Adolfo Peña López, fueron encontrados culpables de los hechos ocurridos en 2023.
Según informó el Ministerio Público, la víctima fue raptada al salir de su casa y llevada a una propiedad privada, donde fue sometida a graves abusos. Los agresores la obligaron a consumir alcohol y drogas, posteriormente la amarraron y abusaron sexualmente de ella. Tras cometer el crimen, la pareja la llevó cerca de su vivienda, donde fue finalmente localizada por su madre.
La sentencia establece que ambos condenados cumplirán la pena en los centros de corrección de Najayo. La Fiscalía destacó la gravedad de las circunstancias y reafirmó su compromiso de perseguir y sancionar este tipo de delitos para proteger a las víctimas vulnerables.
Penalidad por abuso infantil
En República Dominicana, el abuso sexual infantil se considera un delito grave tipificado en el Código Penal y en la Ley 136-03 sobre Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Las penas varían según la gravedad del delito, la edad de la víctima y las circunstancias agravantes, pudiendo oscilar desde 10 hasta 30 años de prisión para los responsables de violación o actos sexuales con menores de 18 años. Además, el código contempla medidas especiales cuando la víctima presenta alguna discapacidad, aumentando la penalidad por la vulnerabilidad de la persona afectada.
Los tribunales dominicanos también pueden imponer sanciones complementarias, como inhabilitación para ejercer cargos relacionados con menores, reparación económica a la víctima y seguimiento psicológico obligatorio para los agresores. La legislación busca proteger a los menores y garantizar que los responsables enfrenten consecuencias severas, enviando un mensaje de cero tolerancia hacia los delitos sexuales y reforzando la seguridad jurídica de la infancia y adolescencia en el país.
