Una investigación presentada en el programa de Nuria Piera volvió a colocar en la agenda pública el persistente problema del clientelismo político dentro del Estado dominicano. El reportaje expuso presuntas irregularidades en la OPTIC, institución adscrita a la Presidencia y encargada de impulsar el gobierno electrónico y la llamada “República Digital”. La contradicción resulta evidente: mientras se promueve un Estado moderno y tecnológico, prácticas tradicionales como el nepotismo y la nómina inflada continúan operando de forma análoga y opaca.
Según los datos presentados, OPTIC contaba con un presupuesto anual de poco más de dos mil millones de pesos en 2017, pero destinaba más de 76 millones de pesos anuales únicamente al pago de nómina. La institución es dirigida desde 2012 por Armando García, ingeniero en sistemas, cuya declaración jurada de bienes —presentada con retraso— mostró ingresos elevados y propiedades relevantes, pero omitió la vinculación con empresas privadas del sector tecnológico que habrían servido como origen laboral de varios empleados actuales de la oficina. Entre los casos señalados figuran funcionarios con sueldos de entre 125 mil y 175 mil pesos mensuales, algunos con vínculos familiares directos con el director, lo que apunta a posibles prácticas de nepotismo prohibidas por la Constitución.
El informe también reveló situaciones más graves: la existencia de al menos 30 personas en nómina que no serían reconocidas dentro de la institución por sus propios empleados. Puestos como analistas, desarrolladores, asesores y especialistas figuran con salarios mensuales significativos, pese a que algunos departamentos ni siquiera existirían formalmente. Estas irregularidades refuerzan la percepción de duplicidad de funciones, cargos innecesarios y pagos sin prestación efectiva de servicios. El reportaje concluye que el clientelismo sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la eficiencia estatal, recordando que sin controles reales, auditorías independientes y sanciones, la modernización del Estado seguirá siendo un discurso vacío frente a prácticas que drenan recursos públicos.
