Santo Domingo, RD.– La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), a través de su defensa técnica encabezada por la abogada María Alejandra Toribio, depositó un recurso de apelación contra la medida de coerción impuesta a Smerlin Ricardo Castillo, acusado de agredir físicamente a una agente de tránsito.
El recurso fue interpuesto en rechazo a la decisión del juez Rigoberto Sena, quien ordenó una garantía económica de 100 mil pesos e impedimento de salida del país como medida cautelar contra el imputado.
Según el expediente, Castillo agredió brutalmente a la oficial luego de descender del asiento del copiloto de un vehículo Hyundai rojo en plena avenida John F. Kennedy. Videos del hecho muestran cómo el joven sujetó a la agente por la muñeca, la persiguió, la haló por los cabellos y la lanzó al pavimento, en un acto que la defensa califica como de “extrema violencia” y “absoluto irrespeto a la autoridad”.
Los abogados argumentan en su apelación que el magistrado no valoró adecuadamente las pruebas audiovisuales presentadas ni la gravedad de la agresión. Solicitan que la Corte de Apelación revoque la medida económica y disponga prisión preventiva, como corresponde según la normativa procesal penal ante un hecho de tal magnitud.
La DIGESETT reiteró su compromiso con la defensa de la integridad física de sus miembros y llamó a las autoridades judiciales a enviar un mensaje claro de que las agresiones contra agentes del orden no quedarán impunes.
El caso ha generado gran indignación en la opinión pública y entre los miembros de la institución, quienes consideran que decisiones como la del juez Sena fomentan la impunidad y debilitan la autoridad de los agentes encargados de velar por el cumplimiento de las leyes de tránsito. “No se trata solo de una agresión física, sino de una agresión al orden institucional y al respeto que merecen quienes portan el uniforme”, expresó la abogada Toribio al salir del tribunal.
De su lado, la DIGESETT reiteró que seguirá dando seguimiento al proceso judicial y respaldando legalmente a su agente afectada, al tiempo que solicitó a los ciudadanos mantener el respeto hacia las autoridades en el ejercicio de sus funciones. El recurso será conocido en los próximos días por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que deberá decidir si revoca la medida económica y ordena prisión preventiva contra el imputado.
