Santo Domingo – La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) anunció este lunes 1 de septiembre el depósito de una querella formal contra el exministro de Educación, Ángel Hernández, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). La organización aseguró que la acción busca marcar un precedente en la lucha contra la impunidad en la administración pública.
Según el comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la acusación se fundamenta en presuntas violaciones a la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. ADOCCO sostiene que existen indicios suficientes para que las autoridades profundicen en la investigación de las finanzas del exfuncionario.
La entidad subrayó que la corrupción en áreas sensibles como la educación impacta directamente en el desarrollo nacional y vulnera derechos fundamentales de la población. En ese sentido, instó a la PEPCA a actuar con rapidez y determinación, garantizando sanciones ejemplares en caso de que se confirme la responsabilidad penal de Hernández.
ADOCCO recordó que durante la gestión de Hernández en el Ministerio de Educación se manejaron presupuestos millonarios, destinados a programas de infraestructura escolar, capacitación docente y adquisición de equipos tecnológicos, por lo que es indispensable esclarecer si se utilizaron conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas.
El presidente de la organización, Julio César de la Rosa Tiburcio, advirtió que casos como este no pueden quedar en simples señalamientos mediáticos, sino que deben traducirse en investigaciones profundas que fortalezcan la confianza de la ciudadanía en las instituciones y envíen un mensaje claro de que ningún funcionario está por encima de la ley.
Mientras tanto, sectores sociales y educativos han reaccionado divididos ante la querella. Algunos respaldan la acción de ADOCCO como un paso necesario contra la impunidad, mientras otros consideran que debe actuarse con prudencia para evitar que el proceso se convierta en un instrumento de persecución política.
