La Defensoría del Pueblo de la República Dominicana anunció el inicio de un amplio proceso de inspección en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de Santiago, luego de que salieran a la luz denuncias de supuesta violencia física y violaciones sexuales atribuidas a agentes penitenciarios. Las acusaciones, que involucran a menores de edad bajo custodia del Estado, generaron una rápida reacción de las autoridades defensoriales.
El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, informó que la Secretaría General de la institución activó de inmediato una acción defensorial para inspeccionar no solo el centro señalado, sino también otros recintos similares del país. La medida busca verificar las condiciones en que se encuentran los adolescentes privados de libertad y determinar si las denuncias divulgadas por diversas fuentes corresponden a hechos reales.
Ulloa explicó que el equipo especializado de la Defensoría ya trabaja en la recolección de información y en entrevistas dentro del penal y en otros espacios bajo el mismo régimen. Se espera que un informe oficial sea presentado la próxima semana, el cual detallará la veracidad de las acusaciones y las irregularidades que puedan estar ocurriendo dentro del centro de menores de Santiago.
En su declaración, el defensor del pueblo destacó que las inspecciones en centros penitenciarios y destacamentos se han incrementado en un 50%, impulsadas por los constantes llamados de la ciudadanía que exige garantías de derechos y procesos adecuados para todos los individuos privados de libertad. Este esfuerzo responde a la necesidad de fortalecer la supervisión institucional y prevenir abusos en espacios bajo control estatal.
Durante estas inspecciones ampliadas, la Defensoría del Pueblo ha identificado que las mayores violaciones a los derechos humanos se registran en los destacamentos policiales, donde se continúan detectando prácticas contrarias a los estándares legales y constitucionales. Ulloa insistió en que la institución mantendrá una vigilancia activa para asegurar que la integridad física y emocional de los ciudadanos —en especial de menores de edad— sea protegida sin excepción.
