Santo Domingo – La jueza Yerita Cabral, de la Oficina de Servicios de Atención Permanente, dictó este martes tres meses de prisión preventiva contra cuatro de los once agentes de la Policía Nacional implicados en la muerte de cinco hombres durante un operativo en el sector La Barranquita. Los policías afectados son José Ignacio Rodríguez, Sócrates Fidel Félix, Jairo Mateo Morillo y Johandy Encarnación, este último herido durante el operativo.
Al resto de los agentes se les impuso garantía económica de un millón de pesos por aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica ante la justicia. Además, se ordenó protección para las víctimas y testigos del caso.
El Ministerio Público aseguró que continuará la investigación para determinar si existió legítima defensa, la única circunstancia que la ley permite como justificación en un conflicto con la vida. Los fallecidos fueron identificados como Eduward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez.
La decisión busca garantizar que se haga justicia y prevenir que hechos similares se repitan, en medio de cuestionamientos a la versión de la Policía sobre un presunto intercambio de disparos.
Durante la audiencia, la jueza destacó que las diligencias investigativas revelaron que al menos en uno de los casos, el de José Vladimir Valerio Estévez, no pudo haberse producido un intercambio de disparos como argumentó la defensa policial. Esto refuerza la necesidad de profundizar en la investigación para determinar responsabilidades concretas.
El Ministerio Público enfatizó que desde el inicio se ha comprometido a procesar los hechos que resultaron en las cinco muertes, subrayando la importancia de que la sociedad aprenda de este caso y se tomen medidas para prevenir que incidentes similares ocurran en el futuro.
Por su parte, defensores de los policías imputados calificaron de “poco objetiva” la actuación del Ministerio Público, argumentando que se trató de un operativo dirigido a individuos que supuestamente portaban armas de alto calibre y ofrecieron resistencia. No obstante, la jueza consideró prudente la medida de prisión preventiva mientras se esclarece la existencia o no de legítima defensa.
