El fiscal general de Washington D.C., Brian Schwalb, presentó este jueves una demanda contra el presidente Donald Trump por el despliegue de más de 2,200 miembros de la Guardia Nacional en la capital estadounidense. Según la querella, los soldados armados están realizando tareas policiales, lo que viola las leyes federales que prohíben a los militares actuar como policía local sin el consentimiento de las autoridades de la ciudad.
La demanda indica que la presencia de las tropas, muchas provenientes de otros estados, afecta la economía local al desalentar el turismo y perjudicar a los comercios, además de socavar la autonomía de la ciudad y erosionar la confianza entre los residentes y las fuerzas del orden. “Desplegar a la Guardia Nacional para participar en la aplicación de la ley no solo es innecesario e indeseable, sino también peligroso y perjudicial para el distrito y sus residentes”, afirmó Schwalb.
El despliegue fue ordenado por Trump el 11 de agosto como parte de su agenda para combatir la delincuencia en Washington, junto con el envío de agentes federales adicionales. Hasta el martes pasado, 2,290 efectivos de la Guardia Nacional estaban asignados a la misión, incluyendo 1,340 provenientes de estados gobernados por el Partido Republicano.
La administración Trump ha defendido la medida, señalando una disminución en la criminalidad violenta, mientras que críticos, incluyendo a la alcaldesa Muriel Bowser, argumentan que el despliegue es innecesario, costoso y perjudica a los contribuyentes, quienes pagan alrededor de US$1 millón al día por esta operación.
La demanda busca una medida cautelar para poner fin a lo que se considera una “extralimitación federal ilegal” y restaurar la soberanía de la ciudad.
