Santo Domingo, RD – El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOP) y el DECOP se encuentran bajo investigación tras denuncias de supuestas irregularidades y fraudes que habrían beneficiado a varias cooperativas con más de 300 millones de pesos. Según los denunciantes, algunas de estas cooperativas fueron creadas únicamente para recibir fondos y luego desaparecer.
El abogado Víctor Edi Mateo indicó que entre 2021 y 2024 se registraron 1,620 nuevas cooperativas, un crecimiento inusual frente a los 2,400 registrados desde 1953 hasta 2020. De estas, más de 16 cooperativas habrían sido creadas con el fin de aprovechar préstamos a tasa cero otorgados por IDECOP y el Banco Agrícola, implementados como apoyo durante la pandemia. Sin embargo, hoy solo funcionan unas 700 cooperativas tradicionales, mientras que las recién creadas han desaparecido.
El cooperativista José Darío Cepeda pidió transparencia sobre los beneficiarios y el destino de los recursos, así como el cumplimiento de los pagos establecidos. Según denunció, de las 2,400 cooperativas registradas, solo unas pocas decenas son fiscalizadas, y varias figuran sin domicilio oficial, lo que ha generado un llamado al Ministerio Público para investigar posibles fraudes.
El IDECOP, a través de su directora Marita López, no ofreció comentarios inmediatos, indicando que se encontraba en una reunión de varias horas. Las autoridades y miembros del sector cooperativista demandan una investigación exhaustiva para garantizar la correcta gestión de los recursos públicos y la transparencia en el sistema cooperativo.
Expertos en finanzas y miembros del sector cooperativista coincidieron en que este tipo de irregularidades afecta la credibilidad del sistema y puede desincentivar la participación de ciudadanos en proyectos cooperativos legítimos. Asimismo, alertaron sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las cooperativas, garantizando que los fondos públicos sean utilizados de manera transparente y eficiente.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil y algunos legisladores han solicitado al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República abrir una investigación inmediata para determinar responsabilidades y recuperar los recursos desviados. El caso ha generado preocupación entre la población, que exige claridad sobre cómo se gestionan los préstamos y el uso de los fondos destinados al desarrollo económico a través de las cooperativas.
