Susana Gautreau reclamó este lunes que los funcionarios públicos involucrados en el presunto desfalco millonario en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) también sean enviados a prisión, al asegurar que la responsabilidad principal del caso recae sobre quienes manejaban la institución. Sus declaraciones se producen en medio del auge mediático que ha tomado el expediente, convertido ya en una de las mayores tendencias nacionales.
Gautreau recordó que la primera alerta sobre las irregularidades fue realizada por el economista Chanel Rosa, cuyo informe detallaba el déficit histórico de la institución. Aseguró que, pese a que inicialmente el Gobierno negó la existencia de anomalías, las cifras divulgadas luego confirmaron una situación financiera sin precedentes dentro de SeNaSa. “El muerto está ahí. Lo que falta es establecer quiénes se beneficiaron y cómo se recupera ese dinero”, afirmó.
En ese sentido, respaldó la posibilidad de que el Ministerio Público utilice acuerdos con los implicados del sector privado, siempre que estos aporten información que fortalezca la acusación y permita identificar a los funcionarios que habrían facilitado las maniobras fraudulentas. “Ningún privado se mete un peso sin que un funcionario lo permita, lo ejecute o reciba su tajada. Queremos a los públicos presos, a todos los responsables”, dijo tajantemente.
Gautreau también reconoció la postura reciente del presidente Luis Abinader, a quien atribuyó haber tomado distancia del caso, algo que según señaló no ocurría en administraciones anteriores. Sin embargo, insistió en que la meta debe ser clara: recuperar los fondos desviados y establecer condenas contra todos los actores públicos que participaron, facilitaron o encubrieron el presunto desfalco que mantiene en tensión al sistema de salud estatal.
Además, Gautreau advirtió que algunos sectores intentan diluir responsabilidades mencionando gestiones pasadas, pese a que según afirmó esas administraciones ya fueron auditadas por la Cámara de Cuentas. Señaló que esta estrategia busca confundir a la opinión pública y desviar la atención del esquema que, asegura, operó durante la actual gestión. “No vamos a permitir que se repartan culpas para proteger a los verdaderos responsables. Aquí hay nombres, estructuras y decisiones que deben ser explicadas ante un juez”, enfatizó.
Finalmente, subrayó la urgencia de que el proceso avance con celeridad y transparencia, debido a la magnitud económica del caso. Recordó que se habla de miles de millones de pesos, recursos que a su juicio deben ser recuperados para el Estado. “El país está esperando justicia real. No queremos tres o cuatro cabezas, queremos a todos los que orquestaron y ejecutaron este fraude respondiendo ante la ley”, concluyó.
