El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón Estévez Lavandier, reiteró que corresponde al Congreso Nacional implementar la figura de las candidaturas independientes para las elecciones de 2028. El magistrado hizo estas declaraciones en presencia del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, durante la renovación de un acuerdo institucional en materia educativa.

Ante cuestionamientos de la prensa, Estévez Lavandier fue categórico al señalar que el rol del TC ya concluyó con la decisión emitida previamente. “Usted lo acaba de decir, el Tribunal Constitucional decidió ya. Ese rol de qué, cómo concluye eso, queda aquí en el Congreso Nacional”, expresó, destacando que el alto tribunal cumplió con su parte del proceso.

El magistrado cerró su intervención con un llamado a respetar los límites institucionales y dejó claro que cualquier acción futura recae en los legisladores. “Ya el Tribunal Constitucional decidió, no más preguntas, gracias”, afirmó, poniendo fin a las interrogantes de los medios.

Con estas declaraciones, Estévez Lavandier subraya la responsabilidad del Congreso en la implementación de las candidaturas independientes, una figura que ha generado amplio debate en el ámbito político dominicano de cara a los próximos procesos electorales.

¿Cuál es la función del TC?

El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana es el órgano encargado de velar por la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Entre sus principales atribuciones están declarar inconstitucionales las leyes, decretos y reglamentos que contradigan la Carta Magna, así como interpretar de manera definitiva la Constitución, garantizando que todas las instituciones del Estado actúen dentro de sus límites.

Además, el TC conoce recursos como la revisión constitucional de sentencias y las acciones de amparo, resuelve conflictos de competencia entre los poderes públicos y asegura que los derechos de los ciudadanos sean respetados. Sus decisiones son definitivas, irrevocables y de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades y personas en el país.