El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó que las consecuencias para los funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes deben ser más drásticas. Sus declaraciones surgen en respuesta a preguntas sobre alcaldes y exalcaldes que aún no han cumplido con su rendición de cuentas financieras.
Abinader fue enfático al decir que “sencillamente se tiene que cumplir la ley, sí o sí”, y señaló que incluso se debería modificar la legislación vigente para establecer sanciones más contundentes contra quienes incumplan con este deber.
El mandatario respaldó las declaraciones recientes del presidente de la Cámara de Diputados sobre la necesidad de que los funcionarios rindan cuentas conforme a la normativa establecida, reiterando que no puede haber excepciones en el cumplimiento de la ley.
Según datos oficiales al corte del 28 de febrero de 2025, un total de 44 alcaldes no han presentado su declaración jurada de bienes ante la Cámara de Cuentas, lo que ha generado preocupación por la falta de transparencia en la administración pública.
Abinader insistió en que esta práctica debe ser erradicada, y que el marco legal debe reforzarse para garantizar una cultura de rendición de cuentas real y efectiva.
Con esta posición, el presidente reafirma su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento institucional, haciendo un llamado claro al cumplimiento de la ley por parte de todos los funcionarios públicos.
El jefe de Estado subrayó que permitir que funcionarios incumplan con este requisito sin enfrentar consecuencias crea un mal precedente y debilita la confianza ciudadana en las instituciones. “No puede ser opcional. La declaración jurada es una herramienta clave para la transparencia y la lucha contra la corrupción”, expresó.
Diversos sectores de la sociedad civil han respaldado la postura del mandatario, instando al Congreso Nacional a revisar y endurecer las disposiciones legales que rigen las declaraciones juradas. Mientras tanto, la Cámara de Cuentas continúa monitoreando el cumplimiento de esta obligación por parte de los funcionarios electos y designados.
