El Tribunal de Atención Permanente de Monte Plata impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el cabo de la Policía Nacional, Antonio Manuel Santos Guzmán, acusado de quitarle la vida a su pareja sentimental, Esperanza “Yesi” Tolentino, de 36 años. El hecho ocurrió en la comunidad El Talao, en el Distrito Municipal Chirino, donde residía la pareja.
Según el informe preliminar, Santos Guzmán —quien estaba asignado al canódromo— habría llegado a la vivienda en estado de embriaguez y protagonizado una violenta discusión con la víctima, presuntamente porque esta no le había preparado la cena. La confrontación escaló hasta culminar con un disparo que le arrebató la vida a la dirigente comunitaria.
La medida de coerción fue ordenada con el propósito de permitir el desarrollo de una investigación exhaustiva sobre el caso, evitando riesgos de fuga o de entorpecimiento del proceso. La prisión preventiva deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Monte Plata, donde el imputado permanecerá recluido mientras avanzan las diligencias legales.
Familiares y residentes de la zona claman justicia y exigen que el caso sea procesado con el máximo rigor. “Justicia… que cumpla con la ley, que pague por lo que hizo”, expresó un pariente durante la audiencia, reflejando la indignación que ha generado el crimen en la comunidad.
El feminicidio en la República Dominicana continúa siendo uno de los problemas más graves y persistentes de violencia social. A pesar de los esfuerzos institucionales, las cifras anuales mantienen un ritmo preocupante y la violencia de género sigue cobrando vidas en distintos puntos del país.
Las autoridades señalan que la mayoría de estos crímenes ocurren en contextos de relaciones sentimentales marcadas por control, maltrato previo y denuncias que, en muchos casos, no reciben respuesta oportuna. Este panorama ha impulsado la creación de programas como Punto de Vida, casas de acogida, líneas de emergencia y unidades de atención especializada, aunque la efectividad depende también de la prevención comunitaria y la denuncia temprana.
Actualmente, organizaciones sociales, colectivos feministas y entidades estatales coinciden en que el feminicidio debe enfrentarse como una emergencia nacional, reforzando la educación, la atención psicológica y la intervención policial ante señales de riesgo. Los recientes casos que han conmocionado al país muestran que la violencia de género no distingue edad, nivel social ni región, y que requiere una respuesta integral y sostenida. El desafío continúa siendo garantizar que cada mujer pueda vivir libre de miedo, con protección real y acceso a justicia oportuna.
