El proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades penales por el colapso del techo del Jet Set Club continúa avanzando entre expectativas y tensiones. El expediente, que involucra a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, empresarios vinculados a la administración del establecimiento, sigue bajo conocimiento del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. La tragedia dejó un saldo devastador de 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, convirtiéndose en uno de los episodios más dolorosos recientes para la sociedad dominicana.

Durante la última sesión, el tribunal decidió aplazar la audiencia preliminar, estableciendo como nueva fecha el 16 de marzo, con el objetivo de que el Ministerio Público convoque formalmente a todas las víctimas y defina cuáles serán finalmente incorporadas al proceso. Aunque para el 23 de enero se fijó un plazo para fallar sobre solicitudes específicas, será a partir de marzo cuando las audiencias retomarán su curso ordinario cada lunes, con una duración estimada entre cuatro y cinco sesiones.

En el desarrollo del proceso, la defensa de Antonio Espaillat presentó una solicitud clave: la realización de un contraperitaje, con la intención de cuestionar y contrastar los estudios técnicos aportados por el Ministerio Público. El tribunal, por su parte, otorgó 30 días adicionales a los querellantes para depositar documentación pendiente. Cumplido ese plazo, la acusación formal deberá ser notificada a todos los actores procesales.

A la salida del tribunal, el drama humano volvió a hacerse evidente. Familiares de las víctimas manifestaron su indignación y desconfianza hacia el sistema judicial, señalando que “el que tiene dinero abusa del pobre”. Entre los testimonios más desgarradores estuvo el del señor Serafín de Jesús, quien recordó que perdió a su única hija durante el colapso, expresando que la espera prolongada representa una segunda herida para quienes aún reclaman justicia.

La magnitud del caso también se refleja en el volumen de acciones legales. Hasta el momento, se han depositado más de 300 querellas vinculadas al expediente. Debido al clima de tensión, las autoridades dispusieron la militarización del perímetro de la fiscalía, con el propósito de prevenir incidentes entre los familiares y los acusados, quienes abandonaron el lugar sin ofrecer declaraciones públicas.