Alfredo Pacheco a la oposición: “Atiendan a su cartón”

SANTO DOMINGO.– A partir del próximo mes de julio, los diputados que no hayan presentado su declaración jurada de bienes no recibirán su salario, según advirtió este martes el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en respuesta al informe más reciente emitido por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

Pacheco explicó que esta decisión obedece a la necesidad de hacer cumplir la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, la cual establece como obligatorio que todos los funcionarios públicos declaren sus bienes al asumir, cesar o ser reelegidos en sus funciones. “Para el mes que viene, si no han regularizado su situación, se les va a detener el pago a los señores diputados que no terminen de hacer su declaración jurada. Tienen aproximadamente un mes más para completar esta situación”, señaló de manera tajante.

El legislador aprovechó para aclarar una confusión surgida en torno a la cifra de diputados involucrados. Indicó que no se trata de 133 diputados actuales en falta, como había circulado anteriormente, sino que esa cantidad incluye a más de 100 exdiputados.

En realidad, se trata de poco más de 30 legisladores en funciones que aún no han cumplido con este requerimiento legal.

Congresistas dominicanos están entre los más privilegiados en 110 países |  AcentoLa Ley 311-14 considera como una falta grave la no presentación de la declaración jurada en el plazo correspondiente.

Las sanciones por este incumplimiento pueden ir desde la suspensión del salario hasta la destitución del cargo, además de eventuales procesos legales en caso de detectar irregularidades patrimoniales.

Pacheco enfatizó que el objetivo de esta medida no es solo castigar, sino también fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el Congreso Nacional. “Esta es una Cámara que quiere dejar huellas de institucionalidad y respeto por las leyes. No podemos exigir al país lo que no cumplimos desde aquí”, puntualizó.

Con esta advertencia, la Cámara de Diputados da un paso firme en la supervisión interna del cumplimiento ético y legal de sus miembros, marcando un precedente en la lucha por una administración pública más transparente.