En la República Dominicana, cada ciudadano genera en promedio 1.8 kg de desechos sólidos diariamente, una situación que representa un serio reto para la gestión ambiental del país. A nivel nacional, se estima que se producen alrededor de 650,000 toneladas de residuos sólidos al año, de los cuales solo el 25% es gestionado de manera eficiente, mientras que el restante 75% termina en ríos y mares, contribuyendo a la creciente crisis medioambiental.
El problema del manejo de residuos sólidos no es exclusivo de la República Dominicana, sino que afecta a nivel global. Expertos advierten que, de no tomarse medidas urgentes, para el año 2050 habrá más plástico que peces en los océanos. En el contexto local, la contaminación de los ríos, como el Ozama, donde unas 200 empresas vierten sus desechos, refleja la falta de control y la urgencia de una acción efectiva por parte de las autoridades.
A pesar de la promulgación de la Ley 225-20 en 2020, diseñada para combatir la crisis de los desechos sólidos, su aplicación ha sido insuficiente. Esta legislación obliga a las empresas registradas en el país a contribuir económicamente al fideicomiso de gestión de residuos. Sin embargo, no hay suficiente transparencia sobre el uso de estos recursos, lo que ha generado interrogantes sobre su eficacia.
Actualmente, el país cuenta con aproximadamente 235 vertederos a cielo abierto, que siguen proliferando debido a la falta de regulación efectiva. La ausencia de planes de reforestación y educación ambiental también agrava la situación. Es crucial que el gobierno, las empresas y la ciudadanía en general tomen acciones concretas para mejorar el manejo de residuos y reducir el impacto ambiental.
El medio ambiente es un aliado clave para el desarrollo sostenible del país. Sin embargo, la falta de compromiso y acción efectiva podría llevar a consecuencias irreversibles. Es momento de que se implementen soluciones reales y sostenibles para enfrentar esta crisis ambiental antes de que sea demasiado tarde.
