Entre llantos, rabia e impotencia, fueron sepultadas este viernes Andreina Espinal, Lisbeth Lugo y Antonia Espinal Díaz, tres mujeres asesinadas brutalmente por Tomás Rafael Sosa. La comunidad, consternada, acompañó a las familias en un sepelio marcado por la indignación y el clamor popular de justicia. El caso, que ha generado gran repercusión, pone nuevamente sobre la mesa la violencia de género y la aparente indiferencia institucional.
Familiares de las víctimas denunciaron de forma reiterada que el homicida se dedicaba a actividades ilícitas conocidas por toda la comunidad, sin que las autoridades actuaran. “Todo el mundo sabía a lo que se dedicaba, pero la justicia siempre miró para otro lado”, expresó un pariente. El reclamo central es que se le imponga la pena máxima por cada asesinato, y que se legisle para evitar que crímenes múltiples reciban condenas acumuladas de forma simbólica.
Mientras el sistema judicial se prepara para conocer medidas de coerción, los dolientes cuestionan el rol de las autoridades y advierten que la omisión también mata. Exigen una reforma urgente que garantice respuestas firmes y preventivas frente a hombres con historial violento y actividades criminales, antes de que vuelvan a cobrar más vidas inocentes.
